Colisión anunciada

La Crónica, 24 de agosto de 2004

La colisión hacia la que se dirigen los gobiernos federal y de la ciudad de México es uno de esos conflictos en donde ninguna de las partes tiene toda la razón y ninguna de ellas, además, alcanza beneficios plenos en tal confrontación.

   Nadie gana, como decía una de las caras más temidas en el viejo y sabio juego de la pirinola. Todos pierden y en este caso antes que nada perderá el país que está invirtiendo tiempo, atención y perplejidad en un pleito que la sociedad mexicana no buscó y al que, para muchos, ni les va ni les viene nada a cuento.

   Tanto los impugnadores, como los adeptos de Andrés Manuel López Obrador, tienen argumentos atendibles en este conflicto. Ninguna de ambas partes cuenta con toda la razón.

   El jefe de Gobierno se ha empeñado en singularizarse por el desprecio que les tiene a las leyes y al orden jurídico cuando no se ciñen a sus proyectos, o a sus caprichos. En el caso que lo podría privar del fuero constitucional hay evidencias de que desatendió, sistemática, enterada y abiertamente, las instrucciones judiciales para que suspendiera una obra que afectaba los derechos de un particular. Podrá decirse que con esa obra el gobierno de López Obrador beneficiaba al interés de la sociedad, pero eso sucedía en contra de la explícita resolución de un juez.

   A sabiendas de esa instrucción López ordenó que las obras prosiguieran. En ese, como en otros casos, ha querido imponer su voluntad a contrapelo de las decisiones del Poder Judicial. Y cuando se ha visto presionado por la aplicación de las leyes, ha intentado respaldarse en movilizaciones como la que encabezará el domingo próximo.

   Las Procuraduría General de la República ha considerado que tiene la obligación de llevar ese caso ante el Congreso de la Unión porque solo si se le priva del fuero López Obrador podría ser sometido a un juicio por tal desacato. El gobierno federal sostiene que no había otro camino y que de haber ignorado ese problema habría incurrido, también, en una conducta ilegal.

   En el transcurso de este litigio, los partidarios de López Obrador han esgrimido abundantes motivos políticos y unos cuantos argumentos jurídicos para oponerse al desafuero. Dicen que lo que realmente pretende el gobierno federal –muy posiblemente con la interesada ayuda del PRI– es sacar a López de la carrera por la presidencia de la República. Me quieren derrotar a la mala, se queja el jefe de Gobierno.

   Mientras el Congreso resuelve si el desafuero es procedente o no, López Obrador ha adquirido una imagen de político perseguido por un sistema autoritario. Con más explicaciones emocionales que solidez jurídica, sus defensores están consiguiendo promover la impresión de que como va adelante en las encuestas, al jefe de Gobierno lo quieren desplazar con una chicana de insuficiente consistencia legal.

   En el plano jurídico la defensa de López ofrece evidencias solamente parciales. Ha intentado demostrar que ese funcionario no ordenó directamente la continuación de las obras vetadas por el juez. Luego ha informado que, en casos similares, algunos gobernantes que incumplieron una instrucción judicial no fueron sancionados como se pretende hacer con el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

   Sobre todo, los simpatizantes de López alegan que las dimensiones de la falta por la que se pretende juzgarlo son minúsculas en comparación con las consecuencias políticas que acarrearía la inhabilitación de sus derechos ciudadanos.

   Ese argumento tiene una clara (y en algunos casos razonablemente interesada) solidez política. Pero al prescindir del flanco jurídico involucrado en este litigio no solamente ofrece un enfoque parcial. Además implica el riesgo de aportar una solución riesgosamente cínica para enfrentar el diferendo en torno a López Obrador.

   Si la razón jurídica se impone por encima de la razón política y los legisladores votan por el desafuero del jefe de Gobierno, estaremos quizá ante una aplicación rigurosa de la ley pero de corolarios políticos inciertos. Si la política impera sobre el Derecho, se establecería un precedente que sujetaría cualquier diferendo, en cualquier circunstancia, a la lógica de las presiones y no al marco de las leyes.

   Hay que recordar que si se le priva del fuero López Obrador tendría que acudir ante el juez y exponer allí sus argumentos. Solo en caso de que entonces hubiera una sentencia que lo condenara por haber cometido un delito su candidatura presidencial podría ser afectada. Pero bastará la aprobación del desafuero para que sus seguidores consideren que se le quiere aplicar, con fines de persecución política, la fuerza de la ley. Y habrá entre ellos quienes consideren que los marcos institucionales no bastan para ceñir la lucha política en México.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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